Introducción
Cuando una sociedad ratifica tratados internacionales de derechos humanos, se compromete a adoptar un marco ético para la regulación de relaciones sociales y de respeto a la dignidad humana. El compromiso básico lo asume el Estado y sus consecuencias operativas suponen tanto adecuaciones en el cuerpo de la legislación, como orientaciones de políticas públicas, planes y programas sociales.
A través de diversas estrategias, los estados deben promover condiciones mínimas de dignidad para todas las personas, en virtud de afianzar el respeto por los derechos y libertades sin ningún tipo de discriminación. Indudablemente, muchas son las barreras que deben atravesarse para cumplir este principio, que hace explícita la universalidad de los derechos humanos. Y el sistema educativo tiene un papel crucial en este sentido.
Este artículo propone un abordaje para la cuestión de la igualdad de género y la educación que surge de la revisión y análisis de los tratados de derechos humanos. (…) Asumiendo la complementariedad de estos tratados, recorre dos dimensiones en relación con la educación y la igualdad entre los géneros: la primera se refiere al acceso a la educación como un derecho universal e inalienable; la segunda alude a la función de la educación como promotora de la igualdad de derechos y libertades fundamentales. Podría pensarse que el primer eje se refiere a la igualdad en la educación y el segundo a la construcción de igualdad a través de la educación.
Estos principios, válidos para todas las sociedades comprometidas con el paradigma de los derechos humanos, adquieren significaciones particulares en contextos determinados. En la Argentina, ha habido importantes avances durante el siglo XX relacionados con la incorporación de mujeres en todos los niveles de formación, con la posibilidad de estudiar con los mismos programas y, más recientemente, con la superación de estereotipos de género en textos escolares (Wainerman y Heredia, 1999). En tal contexto, algunos análisis consideran que la meta relativa a la igualdad entre géneros, al menos en lo referido al sistema educativo, estaría ya alcanzada.
Sin embargo, y pese a los cambios observables, el entramado de dispositivos sociales que fue construyendo una cultura de relaciones jerárquicas entre los géneros, hace que persistan zonas de desigualdad entre los hombres y las mujeres. Dichas desigualdades se superponen a las crecientes disparidades sociales, y obstaculizan a las mujeres, particularmente a las más pobres, en el pleno ejercicio de sus derechos.
De tal modo, un análisis sucinto sobre el caso argentino, nos permite señalar que mientras el principio de igualdad en el acceso a la educación debe ser afianzado para reducir brechas sociales y regionales –teniendo en cuenta el componente de género dentro de éstas-, el de educación para la igualdad de derechos deberá ser fortalecido para contribuir a la superación de todo tipo de discriminación, y favorecer la construcción de igualdad entre los géneros, a través del trabajo en aquellas dimensiones que se identifican como problemáticas (…)
Educación e igualdad de género: desafíos para Argentina
Asumiendo que el logro de la igualdad entre los géneros requiere de múltiples estrategias coexistentes, así como también de la superación de brechas sociales que se superponen a toda otra inequidad, en las próximas páginas, intentaremos señalar algunos de los nudos críticos que aún persisten en la Argentina y que pueden ser abordados a través de políticas y programas educativos que tiendan a su superación. Retomaremos los dos ejes señalados en el punto anterior (igualdad en la educación y educación para la igualdad) y delinearemos algunas líneas de trabajo mediante las cuales el sistema educativo puede contribuir a superar brechas de género en la Argentina contemporánea.
Igualdad en la educación
Indudablemente, uno de los cambios significativos atravesados durante el siglo XX en la Argentina y en buena parte de los países del mundo, ha sido la extensión de la matrícula escolar y de la educación superior. En este sentido, la incorporación femenina al sistema educativo durante los últimos cincuenta años ha modificado notablemente la relación entre hombres y mujeres educados. Un paneo por los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 1991 indican que la brecha entre analfabetismo femenino y masculino fue cerrándose de generación en generación. (…)
Datos del mismo censo, válidos para el año 1991, indican que el porcentaje de escolarización del nivel primario no presentaba diferencia alguna en cuanto al sexo,
Educación en Derechos Humanos
Sin embargo, la escolarización en el nivel secundario presenta un considerable descenso. En 1991, asistía el 56,7% de los varones y el 61,9% de las mujeres en edad escolar. Existen importantes diferencias en la deserción escolar según la pertenencia de los y las jóvenes a hogares con distintos niveles de ingresos económicos, capital cultural y ámbito de radicación urbana o rural13. De tal modo, al abordar la cuestión de la deserción escolar, es indispensable observar sus causas en relación con la inscripción social, regional y de género de los(as) adolescentes, para generar estrategias de retención allí donde se alerte sobre una situación de riesgo de abandono.
Entre los varones de 13 a 17 años, la deserción es algo mayor que entre las mujeres. La hipótesis más frecuente es que la deserción masculina se relaciona con el ingreso al mercado de trabajo. Esto sucedería principalmente entre quienes viven en hogares con menores ingresos, pero crecientemente también en los de hogares de ingresos medios.
Entre las mujeres del mismo grupo de edad, preocupa el alto porcentaje de adolescentes que no estudian ni trabajan, particularmente entre las más pobres. En este universo, el 7,5% es inactiva y no estudia, categoría que alcanza al 17% para las jóvenes pobres de 17 años (UNICEF en base a EPH/INDEC, 2002). Tal vez, se inscriban allí los casos de adolescentes embarazadas o jóvenes madres, quienes a pesar de no ser explícitamente separadas del sistema educativo, probablemente no encuentren las facilidades necesarias para continuar con sus estudios, debido a la tensión que supone articular la responsabilidad de crianza con la de estudio, así como a la escasez de facilidades otorgadas por el estado (tales como guarderías de cuidado infantil).
Es sabido que la deserción escolar inaugura fuertes círculos viciosos. Por un lado, quienes más abandonan la escolaridad son los y las adolescentes de hogares más pobres, y, a la vez, dos años menos de educación en la vida de una persona supone, en promedio, un 20% menos de ingreso monetario durante toda la vida activa (CEPAL, 1995). En tal contexto, es indudable que la permanencia de los(as) adolescentes en el sistema educativo sigue siendo un tema prioritario de atención en la Argentina. Pero hay además un largo camino por recorrer en términos de mejoramiento de la calidad de la educación, el fortalecimiento de la escuela como espacio de participación y construcción de ciudadanía para varones y mujeres y la promoción de la igualdad de derechos a partir del ámbito escolar. Probablemente, el mandato de educar para la igualdad de derechos haya sido el menos atendido por la política educativa. Por ello, en el próximo ítem, centraremos nuestra atención en este segundo eje, imaginando que el mismo puede favorecer tanto a la retención de los(as) adolescentes en la escuela como a la democratización de las relaciones sociales a mayor escala.
Educación para la igualdad de derechos
Educar para la igualdad supone un importante esfuerzo para superar estereotipos, no sólo de género, sino también aquellos que perpetúan la discriminación social, xenófoba y/o racial. Esto implica revisar tanto la currícula como las pedagogías educativas y promover los derechos humanos a través de la articulación de varios ejes. Asumiendo como marco los compromisos internacionales (…), se intentará formular algunas estrategias mediante las cuales el sistema educativo puede contribuir a superar las brechas de género observables en la Argentina actual.
La propuesta temática incluye:
a) la formación para una cultura de paz y prevención de violencia de género;
b) la formación para la democratización familiar;
c) la educación para la salud sexual y reproductiva y
d) la construcción de ciudadanía a través de la participación activa de niños, niñas y adolescentes.
Formación para una cultura de paz y prevención de violencia de género
Mientras la violencia “pública” (y anónima) continúa aumentando en el país, teniendo como víctimas a hombres y a mujeres, y como actores de delitos mayoritariamente a varones, la información sobre violencia doméstica indica que el sistema de autoridad desigual entre los géneros sigue vigente en muchas de las relaciones conyugales y familiares.
Aunque no se cuenta con información sobre el total de mujeres víctimas de este tipo de violencia, los datos referidos a la población que realiza denuncias dan cuenta de más de 25.000 denuncias de mujeres golpeadas durante 1999 solamente en la Ciudad de Buenos Aires16. En la mayoría de los casos son mujeres agredidas por un hombre conocido, mayoritariamente por sus parejas (82%). Sus edades oscilan generalmente entre los 25 y los 44 años.
En relación con los abusos sexuales a niñas, es aún más difícil obtener datos confiables. Sin embargo, se sabe que más de 3000 niñas de entre 10 y 14 años son madres cada año. Estudios específicos mostraron que hay mayor probabilidad de que los embarazos de niñas de ese grupo de edad hayan sido causados por hombres mayores de 30 años, a diferencia de lo que sucede en las adolescentes más grandes, cuyos embarazos generalmente se producen por una relación entre pares (Pantelides y Cerruti, 1992). De esta información, puede inferirse que nos encontramos frente a casos de abuso sexual e incluso de incesto contra las niñas con consecuencias reproductivas (Gogna, 1997), aunque es poco lo que se registra sobre el mismo tema en los casos en que las niñas no quedan embarazadas.
Aún cuando las mujeres son las principales víctimas de la violencia de género, los varones también padecen los costos de un sistema cultural sobre lo que se considera “masculino” que, si bien no los ubica en situaciones de discriminación, los confronta con otro tipo de problemáticas, en las que son a la vez víctimas de muertes violentas y principales ejecutores de actos delictivos. En efecto, la mayor parte de las muertes por causas relacionadas con agresiones, accidentes, traumatismos y lesiones auto-inflingidas se produce entre los hombres, particularmente entre los jóvenes. Durante el año 2001, más de 3400 jóvenes de entre 15 y 24 años han fallecido por estas causas, número que casi quintuplica el registro de mujeres fallecidas por igual motivo.
Una multiplicidad de factores puede conducir a los jóvenes a situaciones de violencia. Dentro de ellas, surge también la pregunta sobre cuál es el grado de exposición de sí mismos que los jóvenes están haciendo y cómo puede llegar a extremos una determinada socialización de género que aún hoy indica que los hombres son o deben ser “fuertes” y “valientes”, afirmándose en tipos masculinos a través del ejercicio de violencia contra otros y otras y contra sí mismos (Kaufman, 1987). Vale la pena señalar que allí donde se desarrollen estrategias de formación para la paz o de resolución de conflictos es importante incorporar la pregunta sobre la masculinidad dentro de un sistema de relaciones de género jerarquizado, junto con información y estrategias que coadyuven a prevenir y erradicar la violencia de género, teniendo en cuenta que buena parte de los actos de violencia ocurren puertas adentro, y que este tipo de violencia ha sido reconocido como una violación de derechos humanos en la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos realizada en Viena en 1993. Será necesario revisar las relaciones de poder en distintos ámbitos de interacción social y formar a varones y a mujeres en una cultura de respeto mutuo y de cuidado personal.
Educación para la salud sexual y reproductiva
En Argentina, hay más de 105.000 adolescentes de entre 10 y 19 años que dan a luz cada año, según los datos del Ministerio de Salud. También se observa que el 14% de las muertes que se registran anualmente por causas relacionadas con el embarazo o el parto (ya sea por problemas de salud tratables o por efectos de abortos realizados en condiciones insalubres) corresponden a adolescentes.
El inicio de la vida sexual tiene consecuencias distintas para hombres y mujeres de distintos sectores sociales. El acceso diferencial a información y asesoramiento hace que la prevención de enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA y embarazos no deseados difiera en las distintas clases sociales, de allí que la escuela pueda convertirse en una institución que contribuya a nivelar estas diferencias.
Existen investigaciones que muestran una fuerte correspondencia entre “sostener imágenes de género tradicionales o modernas y la adopción de conductas de riesgo de embarazo no planeado”(Geldstein y Pantelides, 2001), por tanto en este punto es importante trabajar tanto en la provisión de información oportuna y adecuada como en la eliminación de estereotipos en relación con los papeles tradicionales de hombres y mujeres en el terreno de la sexualidad y en otras esferas de interacción.
Paulatinamente, se abre la pregunta sobre qué ocurre con el cuidado de la sexualidad y la paternidad entre los varones adolescentes. En este sentido, es bien importante elaborar programas educativos que los tenga presentes, para así afinar la comprensión de su papel y responsabilidad en la prevención y cuidado de la salud sexual y de la reproducción.
Construcción de ciudadanía. Participación de niñas, niños y adolescentes
La participación constituye una práctica que permite el desarrollo de la capacidad de acción y decisión de los sujetos, y no sólo favorece el desarrollo personal y el comunitario, sino que fortalece el sistema democrático, a través del compromiso de las personas con su entorno. Durante la edad escolar, la participación puede pensarse a través de actividades muy diversas, que van desde el uso de la palabra en el salón de clase y en los foros estudiantiles hasta la participación en actividades deportivas o culturales. Sin embargo, no son frecuentes los estudios referidos a la participación de niñas(os) y adolescentes de ambos sexos en espacios escolares y comunitarios, razón por la cual no contamos con datos que ilustren en esta dirección.
Algunas de las preguntas que nos hacemos son: ¿cómo se incorpora en el sistema educativo el derecho a participar de los niños y niñas? ¿Cuál sería un modo propositivo para la participación de adolescentes que a la vez, incluya a las mujeres de un modo activo y equitativo? El derecho a participar en igualdad de condiciones, engloba buena parte del ejercicio de los otros derechos, y de la construcción misma de la igualdad, entendida como equiparación de diferencias.
Teóricamente, es en este espacio –simbólico– en donde se deberían nivelar las voces de hombres y mujeres, de personas provenientes de distintos grupos sociales y etnias, y negociar la orientación que se le dará a los recursos –humanos, institucionales, financieros– de los que dispone una sociedad. Sin embargo, la equiparación de oportunidades para la participación social y política no se produce de forma espontánea. Hará falta para ello, determinados cambios institucionales que creen los espacios de participación y, a la vez, la formación de capacidades específicas.
Desde esta perspectiva, las políticas de Estado y los programas educativos que pretendan fortalecer la democracia, haciendo cumplir los derechos de sus ciudadanos(as) desde la infancia, tendrán que orientarse también a fortalecer a la población de todas las edades, sexos, etnias y clases sociales en el conocimiento y defensa de sus derechos y en la participación en procesos de toma de decisiones.
Conclusiones
En este artículo nos propusimos revisar los tratados de derechos humanos en relación con la educación y las relaciones de género y proponer líneas estratégicas para contribuir, a través del sistema educativo, a la igualdad entre hombres y mujeres en la Argentina.
Iniciamos el trabajo presentando algunas características generales del marco de los derechos humanos. Mencionamos el principio de universalidad, a modo de horizonte que requiere de acciones específicas para su alcance; y también observamos el dinamismo y la interrelación de los derechos. Con este marco como referencia, abordamos una lectura articulada de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los
Derechos del Niño, lo que nos permitió ampliar los alcances de la Declaración Universal acerca de la igualdad de género y el papel que la educación puede desempeñar para contribuir a superar desigualdades en ese sentido.
En países como la Argentina, en donde las brechas en el acceso a la educación son sociales más que de género, se encuentran algunos desafíos particulares. Por un lado, las políticas sociales y las educativas deberán promover una mejora en la equiparación de la calidad de la educación y en la retención de los adolescentes más pobres en el sistema. Por otro, se podrían desarrollar estrategias de formación para la igualdad de derechos, procurando ampliar el ejercicio de los mismos y avanzar hacia la eliminación de discriminaciones existentes.
En este sentido, la cuestión de género puede y debe ser abordada a través de estrategias que atiendan a aquellos nudos críticos que la sociedad argentina no ha logrado superar plenamente. Entre ellos, la violencia contra las mujeres, la distribución desigual de responsabilidades domésticas, la brecha social en el acceso a información y asesoramiento sobre salud sexual y reproductiva y la participación social y política son algunos de los problemas persistentes.
Desde esta perspectiva, el artículo finaliza proponiendo algunas líneas estratégicas que buscan nivelar dichas desigualdades de género, observables en la Argentina. Se sugiere que los programas educativos incorporen estrategias de formación para una cultura de paz, que incluya la reflexión sobre la violencia de género así como la formación para la democratización familiar. Por otra parte, se considera necesario avanzar en la educación de niños y niñas, particularmente en la adolescencia en aquellos aspectos ligados a su salud sexual y a su reproducción. Por último, se sostiene que la escuela en particular y el sistema educativo en general pueden y deben contribuir a la construcción de ciudadanía, a través de la participación autónoma de niñas, niños y adolescentes.
En suma, pensar a las niñas, los niños y los adolescentes de ambos sexos como titulares plenos de derechos, con capacidad de acción, opinión y participación supone un profundo cambio en la manera de imaginar estrategias educativas. Esto le otorga un nuevo significado al problema de los estereotipos de género en la organización social. No se trata de superar el hecho que los niños jueguen con pelotas y las niñas con muñecas en sí mismo. Se trata, más bien, de analizar la capacidad de construcción de ciudadanía y desarrollo de autonomía que ofrecen una opción “tradicional” para las mujeres y para los hombres frente a otra que incluya más activamente a las mujeres en la vida social y a los hombres en la vida familiar. Y se fundamenta en el derecho que tienen las niñas, los niños y los adolescentes varones y mujeres a un desarrollo pleno y a compartir el mundo en condiciones de igualdad.
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